Una medida que está lejos de ser una solución

Por Romina Lascano

El asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea fue un golpe duro para el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La inseguridad se volvió a instalar en la agenda de todos los medios. Las autoridades debían dar una respuesta rápida que calmara los ánimos de los vecinos preocupados. Lo que nadie pensó es que ésta fuera tan drástica: bajar la edad para imputar a los menores que delinquen.

El gobernador, Daniel Scioli, lo planteó en una conferencia de prensa y abrió el debate. Su posición no fue tan diplomática ni tampoco concordante con una gestión que lucha por los derechos humanos.

Para muchos, disminuir la edad de la imputabilidad en los menores o la pena de muerte es la respuesta perfecta para calmar un mal que incrementa con el transcurso del tiempo. Sin embargo, a una herida profunda no se la cura con una curita. Es necesario que comprendamos qué es lo que motiva a un adolescente a cometer un delito e incluso a quitarle la vida a una persona. Toda la malla protectora del estado está en falta. El estado no asiste, ni le brinda los servicios necesarios a quienes más lo necesitan. Tampoco les permite una inclusión social ni les ofrece posibilidades de ascenso en la pirámide. El estado lleva a que vivamos en un país donde pocos tienen mucho y muchos se mueren de hambre. El estado es quien hace que muchas personas, y muchos menores de edad, estén "jugados" y sin expectativas de poder acceder a una vida digna. Cuando digo estado, hablo de instituciones y los representantes electos que las lideran.

No nos encontramos hablando de un plan para sacar a los chicos de la calle, ni de escuelas públicas que funcionan correctamente ni de posibilidades de futuro para los chicos más pobres. Estamos hablando de cómo se puede hacer para que los menores que intervienen en un delito vayan a la cárcel. Ese lugar que, años atrás dejó de ser un lugar de "regeneramiento" para convertirse en un lugar de castigo. Ese mismo cuyas condiciones motivaron reiteradas denuncias del CELS. Donde el hacinamiento y el estado deplorable de las instalaciones dan cuenta de lo poco que le importa a los gobernantes y a las instituciones del estado disminuir los delitos.

¿Realmente creen nuestros gobernantes que se puede calmar la neumonía con un mejoralito?. La cárcel para un pibe que no tiene expectativas de nada y que sale con un arma a matar o morir sólo puede agravar el problema. El tema de fondo aquí es otro y tiene que ver con el costo económico y político que tiene la erradicación de la pobreza y la disminución de la delincuencia.

Para combatir estos temas, es necesario que el estado cree planes para la inclusión social, genere fuentes de trabajo, permita el acceso a viviendas dignas y brinde correctamente servicios como salud y educación. Además, es necesario invertir en mejorar las cárceles y que estás sean un lugar de tránsito y de regeneramiento. Pero esto requiere mucha voluntad política, ganas de trabajar y el compromiso de invertir el dinero público donde tiene que estar. Lejos estamos de eso, nos encontramos hablando de la mejor respuesta que nuestros gobernantes encontraron para solucionar este problema.