La legitimidad del control voluntario de los embarazos a través del aborto despierta controversias de toda índole. Pero, por encima de consideraciones éticas y religiosas, es un problema vinculado con la salud de la población.
La despenalización, dentro de los límites razonables que impone la gestación, beneficiaría sólo a las personas que pueden acceder a clínicas y hospitales privados. Entonces, también es necesaria la legalización, para que el Estado garantice la prestación gratuita a todas las mujeres. Es importante aclarar que, desde el punto de vista científico, antes de las 12 semanas no se establecen las conexiones nerviosas que caracterizan al ser humano, por tanto el feto no experimenta dolor ni ninguna otra percepción sensorial.
La mayor oposición a la despenalización proviene de
Los abortos en condiciones sanitarias inadecuadas son una de las mayores causas de mortalidad femenina. Prohibirlo atenta contra los principios de justicia social porque las mujeres que mueren son las de menores recursos. La legalización puede prevenirlo.
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